Es un mecanismo implementado en Bogotá por la Caja de la Vivienda Popular, con el propósito de mejorar las condiciones de habitabilidad de las viviendas de interés social, particularmente aquellas ubicadas en asentamientos legalizados urbanísticamente y que han sido autoconstruidas sin licencia urbanística. Su creación fue establecida en el artículo 78 del Acuerdo 761 de 2020, correspondiente al Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024, y su implementación se formalizó mediante el Decreto 265 de diciembre de 2020. Posteriormente, fue reglamentada en el artículo 590 del Decreto 555 de 2021, que hace parte del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá.   

Esta figura tiene como objetivo facilitar la legalización de edificaciones autoconstruidas a través de la emisión de actos administrativos de reconocimiento, lo cual permite a las familias obtener seguridad jurídica sobre sus viviendas. En los casos en que las viviendas estén vinculadas a programas de la Secretaría del Hábitat, pueden aplicar a modalidades de licencia urbanística. La CPS es una iniciativa pionera en el país y se desarrolla bajo la gestión de la Caja de la Vivienda Popular, entidad con más de 80 años de trayectoria, creada en 1942 mediante el Acuerdo 20 del Concejo de Bogotá.